Mediante el Decreto 84/2024, en la madrugada de este martes el gobierno de Javier Milei dispuso la baja de unos 7.000 funcionarios públicos que ingresaron a sus puestos a partir del 1 de enero de 2023.
El primer artículo señala que “las contrataciones de personas que hayan iniciado a prestar servicios a partir del 1 de enero de 2023, en los organismos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la ley 24.156, no serán renovadas”.
En este grupo se incluyen empleados transitorios y “de toda otra modalidad de contratación que concluya el 31 de diciembre de 2023”, de todo lo que comprende la administración nacional y entes públicos, estando entre estos, por ejemplo, los de la ANSeS, el PAMI y la AFIP.
Por otra parte, el decreto dicta que el personal excluido de esta determinación depende del titular de cada jurisdicción, basándose en que tan indispensable resulta para el funcionamiento de la institución.
