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Senadores aprobaron expropiar cinco hectáreas del último remanente del Bosque Atlántico

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En redes sociales, la senadora Georgia Arrúa hizo notar su indignación luego de que la Cámara Alta decidiera expropiar cinco hectáreas de la última reserva del Bosque Atlántico que le queda a Ciudad del Este a favor de cinco familias. Mientras tanto, el senador Sixto Pereira salió al paso y defendió la postura de expropiación.

Arrúa detalló que habían presentado un proyecto que declara área silvestre protegida un total de 164 ha de bosques que rodean una laguna de 13 hectáreas, denominada Yrendy, ubicada en el km 12 lado Monday de Ciudad del Este, propiedad del Instituto Forestal Nacional (Infona).

El predio cuenta con aulas, dormitorios para estudiantes, villa técnica y obrera y que se buscaba declarar área silvestre protegida para seguir permitiendo el uso científico y a la vez habilitarlo para visitas turísticas dentro de un régimen que no dañe.

Sin embargo, el senador Sixto Pereira planteó una modificación por la Comisión de Energía que preside, proponiendo la expropiación de cinco hectáreas del bosque nativo que buscaban preservar para ofrecer solución habitacional a cinco familias, donde los lotes miden 360 metros cuadrados y tienen un alto costo.

La legisladora denunció que se trata supuestamente de ocupantes precarios e ilegales de cinco casas que están en la Villa Obrera del Infona, construidas por la institución para dar vivienda a los funcionarios que trabajan en el lugar, y que el ente busca recuperar,.

Según ella, las casas están ocupadas por funcionarios del Infona en comodato, mientras que las otras cinco son ocupadas de forma irregular.

Entre otras irregularidades sostuvo que no hay un listado de ocupantes, tampoco se determinó la dimensión de cada lote, no se indemniza al propietario y se ignoró por completo al parecer de la institución afectada.

Por su parte el senador Sixto Pereira que fue a verificar con “sus propios ojos” y que son en total 12 familias las afectadas, algunos casos de jubilados y que después todos son funcionarios que estuvieron viviendo de entre 30 a 50 años en el lugar, con casas precarias y con lo justo para sobrevivir.

“Si ahí hay sensibilidad ambiental, entonces más debe haber todavía sensibilidad humana y social, no podemos colocar primero el tema de propiedad privada contra los intereses ambientales y el problema social ¿Quién miente en su informe?”, sostuvo Pereira.

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