El abogado Daniel Alarcón precisó que la denuncia se formuló por evasión, en el marco de la nueva disposición introducida en el artículo 261 del Código Penal que establece como evasión el no pago de seguro de asistencia social (IPS) y apropiación, porque “alguien debió quedarse con el 9% que se descuenta mensualmente a los trabajadores”.
Según relató, desde el mes de febrero hasta la fecha, la ANR no pagó por el seguro social, por lo tanto, los funcionarios no pueden acceder a medicamentos, pago por reposos, entre otros servicios.
Asimismo, existe otro juicio en lo laboral por el manejo abusivo de las condiciones laborales, como el nuevo horario, forzando a la mayoría de los funcionarios a renunciar sin cobrar indemnizaciones. Alarcón señaló que esta medida afecta a 256 personas aproximadamente que cuentan con otras actividades laborales, ya sea en el estado o en el sector privado, lo cual afecta su calidad de vida.
En otro momento dijo que trabajadores no ganan más del salario mínimo, mientras que los amigos del entorno del presidente del partido cuentan con salarios de más de G. 20 millones.
A su vez, el sindicato procedió a presentar una denuncia contra la ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) porque la secretaria de estado hizo caso omiso al pedido de una reunión tripartita solicitada ya el 25 de agosto.
