Hernán Huttemann, asesor jurídico de Presidencia, afirmó que el Poder Ejecutivo analizará la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley que establece que el estado pague 40 % más caro por bienes y servicios de origen nacional en compras públicas. De esta manera, la propuesta entra en vigencia pese a que el Gobierno advirtió que podría tener impacto negativo en los acuerdos internacionales.
El Ejecutivo había vetado el proyecto, pero el Congreso se ratificó, por lo que la iniciativa quedó firme. La ley no entra en vigencia sino hasta que el Ejecutivo la publique de forma oficial, lo que conlleva nuevamente un estudio previo.
“No había una evidencia empírica sobre cómo iba a beneficiar a las empresas, porque no se incluía a las Mipymes. Se había incluido esa objeción en el Poder Ejecutivo”, sostuvo el asesor.
La ministra de Industria y Comercio Liz Cramer recordó que el Paraguay, como integrante del Mercado Común del Sur (Mercosur), firmó acuerdos internacionales históricos en los que tuvo un trato especial y diferenciado para productos nacionales y las exportaciones, con la apertura de mercados, con la Unión Europea (UE) y la Asociación de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés). Hacienda también se había pronunciado en contra de la iniciativa.
