Una política exterior que genere oportunidades y busque beneficios para la población en el nuevo contexto mundial de la pandemia, además de las expectativas que genera la futura revisión del Anexo C del Tratado de Itaipu, son los principales desafíos que asume el Ministerio de Relaciones Exteriores y su nuevo canciller, Federico González.
La pandemia de la COVID-19 trajo consigo una crisis para la que ningún gobierno estuvo preparado, señaló González, a días de asumir como canciller nacional. No obstante, destacó que las medidas tomadas por el Paraguay hacen que hoy se tengan proyecciones positivas de organismos multilaterales y calificadoras de riesgo.
Según la Cepal, Paraguay cerrará el 2020 con un crecimiento del PIB de -2,3%, el menor decrecimiento en una región latinoamericana que caerá en promedio entre el 7% y el 10%. El FMI también señala perspectivas positivas para una pronta recuperación económica.
“Somos un país en desarrollo sin litoral y eso constituye una desventaja, no lo podemos negar. Pero podemos centrarnos en las oportunidades que se nos van a ir presentando”, dijo el canciller.
González, quien asumió el cargo el 13 de octubre pasado, señaló que el servicio exterior es crucial para la apertura de mercados a productos paraguayos. Citó el ejemplo de la carne, que a través de un trabajo entre el sector público y los productores logró posicionarse y ser reconocida internacionalmente.
“La alianza público-privada para la promoción y presentación de productos paraguayos en el exterior” es la senda a seguir para generar oportunidades, dijo; una política que desde el Gobierno se la denomina “diplomacia para el desarrollo”.
Corredor Bioceánico
El canciller también hizo hincapié en la obra del Corredor Bioceánico en el Chaco Central, que sumado al puente en Carmelo Peralta, abrirá una vía de conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico.
Este “canal de Panamá en el centro de Sudamérica”, como lo calificó, ya es observado con interés por otros países e inversores extranjeros que están comprando propiedades a lo largo de la obra ante las oportunidades que brindará.
Revisión del Anexo C de Itaipú
El Tratado de Itaipú establece la posibilidad de revisar el Anexo C a partir del año 2023. Este documento trata sobre las cuestiones financieras y de la tarifa de compra de energía para los países que comparten la hidroeléctrica.
González aseguró que el objetivo principal está definido: el reaseguro de la soberanía energética paraguaya, con la libre disponibilidad de la energía que corresponde al país, sea para su uso a nivel interno e industrial o para la venta a otros mercados.
Ante este objetivo, el desafío está en elaborar los escenarios posibles buscando un equilibrio y siendo realistas, dijo el canciller. Una vez definido el escenario, la estrategia de negociación debe apuntar llegar al mismo, pero con un consenso generalizado entre todos los sectores de la población, añadió.
Sobre este último punto, hasta junio de este año sesionó una comisión asesora, que presentó sus recomendaciones al equipo negociador del Poder Ejecutivo, y además se inició el proceso de consulta a organizaciones políticas, sociales y la academia, sin mucha respuesta hasta el momento.
Sumado a estos procesos, existe un grupo de alrededor de 60 profesionales trabajando en los aspectos jurídicos, técnicos, económicos y comerciales (el propio canciller, en su rol anterior como asesor presidencial, formaba parte del grupo técnico). Desde esta instancia, se analizan todas las propuestas y variables a ser atendidas en los cuatro aspectos para ayudar a definir una eventual posición paraguaya.
Una última consideración que no se puede dejar de lado corresponde a la proyección de que para el año 2035 el Paraguay ya utilizaría toda la energía eléctrica producida por su actual matriz energética (que comprende las binacionales Itaipu y Yacyreta y la represa del Acaray).
“Tenemos que estar pensando en fuentes alternativas, hidroeléctricas o no”, mencionó el canciller, a la par que recordó que en estos momentos la ANDE desarrolla una importante inversión para que el sistema eléctrico nacional disponga de toda la energía generada en las dos hidroeléctricas principales.
