Representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo suscribieron ayer un acuerdo de compromiso con la Unidad Campesina Indígena y Popular para la ejecución de fondos, dentro del plan de reactivación económica, para proyectos productivos y otras medidas para el reordenamiento de deudas.
La principal medida acordada es la reasignación de unos US$ 25 millones previstos para el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) dentro del plan de reactivación económica post-pandemia. A esto se sumarán otros US$ 5 millones ya presupuestados al MAG para la ejecución de planes de producción, elaborados conjuntamente por las organizaciones campesinas e indígenas y el Ministerio de Agricultura.
Otro punto acordado es la regulación de las agencias de cobranza, que será a través de una resolución del Banco Central del Paraguay. Así mismo se trabajará para el reordenamiento de deudas contraídas para la producción por los integrantes de la agricultura familiar campesina.
Igualmente, el Poder Legislativo deberá conformar una mesa de trabajo con los institutos de Desarrollo Rural (Indert) y del Indígena (INDI) para intervenir en los desalojos de terreno, “evitando su ejecución en tano no se demuestre fehacientemente la propiedad de la misma en una acción civil”, reza el documento suscripto.
Además se acordó el trabajo para la recuperación de tierras destinadas a la Reforma Agraria y la entrega para este programa de tierras recuperadas del crimen organizado (e inscriptas a nombre del estado paraguayo).
El acuerdo fue suscripto por el presidente del Congreso, Oscar Salomón, el ministro del Interior, Euclides Acevedo, y otras autoridades del Ejecutivo y congresistas.
Por el lado de las organizaciones, que iniciaron una movilización por el centro de Asunción, firmaron representantes de la Unidad Campesina Indígena y Popular, integrada por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y la Articulación Campesina Indígena y Popular (ACIP).