En un comunicado publicado ayer sábado, el Consejo de Seguridad estatal del Ministerio del Interior de Irán informó que al menos 200 manifestantes, civiles y fuerzas de seguridad fallecieron desde mediados de septiembre por las manifestaciones desencadenadas por la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, de 22 años, arrestada por la “policía de la moralidad” del país en Teherán por presuntamente incumplir un código de vestimenta obligatorio.
El anuncio oficial se produce días después de que Amir Ali Hajizadeh, un alto general del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), haya dicho que más de 300 personas han sido “martirizadas y asesinadas”. Las autoridades iraníes han acusado a Estados Unidos, el Reino Unido, Israel y Arabia Saudita de estar detrás de los “disturbios”. “Lo que está siendo presenciado hoy por la gente no es una protesta civil sino destrucción, violencia e inseguridad por parte de una minoría de alborotadores”, dijo Hajizadeh.
Organizaciones de derechos humanos a nivel internacional estiman que la cifra de muertos en realidad superaría las 400 personas. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió a las autoridades iraníes a que se abstengan de utilizar “fuerza desproporcionada” en respuesta a las protestas y pidió la liberación de los presos políticos, al mismo tiempo que se opuso a las penas de muerte contra los manifestantes. En noviembre, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó a favor de lanzar una misión de investigación para investigar las protestas.
