Frente a la determinación de la Cámara Baja de exhortar a su renuncia a la Corte Suprema de Justicia junto con Antonio Fretes, la ministra Carolina Llanes dio respuesta a tal acto mediante un comunicado. En él expresa que no piensa dar un paso al costado respecto a su compromiso personal y nacional, aseveró también que ante la imposibilidad de permear sus controles, el ataque fue dirigido a su hijo, el abogado Álvaro Rojas, sobre el cual dice nunca haber interferido en sus procesos tramitados.
Tras lo acontecido la ministra Llanes dio a conocer un comunicado que menciona expresamente lo siguiente:
“Tal como lo he prometido en las diversas ocasiones que me cupo exponer sobre ideas y planes respecto al sistema de justicia, consciente de dicha promesa y con profunda convicción democrática me incorporé al Poder Judicial para colaborar con su fortalecimiento y el cumplimiento efectivo de su misión como Poder del Estado, en la construcción, promoción y preservación de la paz social y la seguridad jurídica en la tramitación de los conflictos.
Cuando fui elegida para el cargo de Ministra de la Corte Suprema de Justicia he prestado juramento ante Dios, la Patria, mi familia y amigos y no me he apartado -ni pienso hacerlo- de mi compromiso personal y nacional. Desde que asumí esta magistratura vengo trabajando con mis colegas ministros, en las áreas de mi competencia, y de todo lo que involucra al sistema judicial, centrada en alcanzar dichos objetivos institucionales y combatiendo todos los obstáculos y adversidades que se presentan en el camino, entre ellas los esquemas de corrupción.
En vista de que no pudieron permear mis controles, no encontraron mejor manera que atacar a mi hijo, abogado Álvaro Rojas Vía Llanes, quien se dedica a la profesión, haciéndole llegar el siguiente mensaje gansteril: “Si querés trabajar en esta región… en esta área… en este caso….tenés que conseguir votos de ministros, tribunales, etc…. sino te vamos a hacer la vida imposible…” En principio Álvaro reaccionó con indiferencia y “el apriete” siguió por un tiempo sin resultado. Molestos por la actitud, redoblaron las presiones y empezaron a aparecer las primeras represalias. Publicaciones periodísticas absolutamente falaces y maliciosas respecto al mismo y su actividad profesional y mi supuesta influencia para “obtener resultados”, lo cual nunca sucedió y ello puede ser perfectamente comprobable ante la CGR, los RR.PP. la SET, bancos de plaza, en relación a mi situación patrimonial.
Jamás interferí directa ni indirectamente ni trafiqué influencia alguna en los procesos tramitados por mi hijo ni en ningún otro.
A pesar del pleno conocimiento de esta realidad, fueron instalando y replicando el presente relato goebbeliano a través de publicaciones que se iban replicando en algunos medios digitales -conocidos por participar de esta modalidad- cada cierto tiempo para forzar decisiones o excusaciones, para descalificar a magistrados e inclusive para desvirtuar la lucha que estamos realizando contra el crimen organizado. Nunca sirvieron las cartas al director ni las aclaraciones. Por lo que decidimos concentrarnos -cada cual- en nuestras respectivas obligaciones, alejados de estos grupos.
Así fue como padecimos esta nueva modalidad mafiosa el LAW FARE en su más perversa dimensión, una maquinaria para manipular deliberadamente a la justicia, detrás de intereses espurios. El LAW FARE hoy nuevamente está siendo utilizado por sectores interesados en concretos objetivos políticos (contienda electoral) y empresariales (proceso licitatorio para la concesión de explotación de juegos de azar), con los que no tengo relación ni interés alguno, pero que en el contexto de la pelea electoral y económica conviene a algunos que se vea así, para seguir manipulando otros poderes del Estado y a la sociedad misma a la que se le empuja a reaccionar en beneficio de intereses sectoriales ajenos a los suyos.
A los efectos ilustrativos anexo a este comunicado un detalle del caso en cuestión.
El motivo de este LAW FARE, es la disputa entre dos grupos empresariales, DARUMA SAM S.A. y GAMBLING S.A. consorciada con B- GAMING S.A. de Argentina; quienes están en pugna por la concesión estatal de juegos de azar.
Y coincidentemente, sus representantes también pertenecen a los grupos políticos que hoy están en contienda electoral. Por lo que todo resulta muy conveniente para ciertos intereses particulares en desmedro de los intereses de la República, a la que yo estoy sirviendo desde la Corte Suprema de Justicia.
Verificando quiénes están detrás de esta disputa, los resultados judiciales desfavorables, los últimos acontecimientos acaecidos en el Poder Judicial y qué intereses defiendo yo dentro del sistema de justicia, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones”, parte de lo dice el anuncio de la doctora Llanes.
Finalmente, la integrante de la máxima instancia judicial aclaró que desde que asumió dicho mandato prometió colaborar con el fortalecimiento y el cumplimiento efectivo del sistema, combatiendo con ética y responsabilidad todas las dificultades que puedan presentarse en el proceso de trabajo.
