Según registros, el Ministerio Público, no solo debe al Instituto de Previsión Social (IPS) cerca de G. 15.000 millones por canon de alquiler de la Sede 1, situada en la calle Nuestra Señora de la Asunción, sino que también posee una deuda de G. 8.000 millones correspondiente al servicio de energía eléctrica, en diversas sedes a nivel país.
La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, había remitido una respuesta sobre el tema al doctor Vicente Bataglia, presidente de la previsional, el 11 de julio de este año. Quiñónez pretendió justificar la falta de pago fundamentando que se recortó el presupuesto y que de igual manera cumple el pago de pólizas de seguro contra todo riesgo de manera periódica.
Por su parte Carolina Palacios Guimaraes, secretaria general del sindicato del Ministerio Público (Simipar), indicó que la fiscala general miente al sostener que la falta de pago se debe a cuestiones presupuestarias. Aclaró que la deuda con IPS es del año 2018, correspondiente a su administración.
“Son puras mentiras (la excusa que dio Quiñónez) y se puede corroborar con la deuda a la ANDE”, afirmó Palacios. “Se puede cotejar con los extractos de la ANDE, que hoy llega a G. 8.000 millones. Tampoco se está pagando la deuda a la Essap”, afirmó Guimaraes.