El Poder Ejecutivo vetó totalmente el proyecto de ley que planteaba un aumento presupuestario en el Ministerio Público que iba a tener un impacto de G. 36.000 millones para el 2023. El documento ahora es remitido nuevamente al Congreso Nacional.
A través del Decreto N° 7994, el presidente Mario Abdo Benítez argumenta que cuando se trata de administrar recursos públicos, por sobre todo deben velar por el “interés general de la población”.
La propuesta contemplaba también G. 64.707 millones para la creación de 577 nuevos cargos en la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de la fiscala Sandra Quiñónez, quién ya tuvo que sobrellevar cuatro intentos de juicio político en su contra desde 2020. El pasado 4 de octubre, Quiñónez aseguró que los fondos serían utilizados “para realizar bien el trabajo”.
En aquella ocasión, Expidio Palacios, director general de Administración y Finanzas de la Fiscalía, intentó justificar un pedido de aumento salarial del 15% para todos los funcionarios del Ministerio Público que ganen menos de G. 10 millones, alegando ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que el plantel necesita de un “estímulo”.