El principal partido reformista de Irán, la Unión del Pueblo de Irán Islámico, emitió un comunicado ayer sábado, exigiendo a las autoridades que preparen los elementos jurídicos para abrir “la vía a la anulación de la ley sobre el hiyab obligatorio”, mientras que siguen las movilizaciones por los derechos femeninos en todo el país, que en ocho días ya dejaron 35 muertos y cientos de detenidos, incluyendo 60 mujeres.
Las protestas iniciaron tras la muerte de la joven de 22 años Mahsa Amini, fallecida en una sede policial el pasado 16 de septiembre, en la que fue alojada acusada por el uso “inapropiado” del velo islámico, que es obligatorio en el país para las mujeres, desde los 7 años.
De los 35 fallecidos durante las manifestaciones, cinco serían miembros de las fuerzas de seguridad. Amnistía Internacional denuncia que en 20 ciudades dispararon “deliberada e ilegalmente munición real contra los manifestantes”.
Ahmad Vahidi, ministro de Interior, señaló que las pruebas indican que Amini no fue golpeada y habría fallecido a consecuencia de un “problema cardíaco” pero activistas aseguran que la mujer recibió un golpe en la cabeza, tras ser detenida por la policía de la moral.
Ebrahim Raisi, presidente conservador de Irán, restó importancia a las protestas e instó a “actuar de forma decisiva contra los que se oponen a la seguridad y tranquilidad del país”.
