La Cancillería respondió por medio de un comunicado al representante en América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que pidió esclarecer la muerte de dos niñas de 11 años, durante el operativo de la FTC en Yby Yaú contra el EPP y lo calificó de “irresponsable”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores en respuesta al comunicado de prensa de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), expresa que:
1 – No ha recibido solicitud alguna de información por parte de la citada Oficina desde el momento de los hechos del 2 de setiembre hasta hoy en que emitió el referido comunicado, por lo que sería sumamente constructivo que dicha oficina se nutra igualmente de la información oficial para emitir pronunciamientos más equilibrados y objetivos.
2 – El Gobierno Nacional expresa nuevamente su profundo pesar por las circunstancias en las que lamentablemente perdieron la vida dos menores. Además, de nuevo reitera su repudio, rechazo y condena a la práctica deleznable de la organización criminal EPP, de utilizar a niñas, niños y adolescentes como escudos humanos, con el agravante que en algunas situaciones estos menores son incluso parte del núcleo familiar de los cabecillas de la citada organización criminal.
3 – En el Paraguay rige el Estado de Derecho, en consecuencia, las investigaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales son imparciales e independientes.
4 – Cabe aclarar que el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no es un grupo armado no estatal, como erróneamente afirma dicha oficina, sino una organización criminal, con objetivos y acciones terroristas, como ya ha sido confirmado en fallos firmes y ejecutoriados por los tribunales de la República.
5 – Todo el procedimiento realizado el día 2 de setiembre tuvo autorización y acompañamiento de agentes del Ministerio Público y de juez competente, y así también la prensa ha tenido acceso a todas las evidencias encontradas en el lugar de los hechos.
6 – Rechaza rotundamente las expresiones del comunicado que aluden a las normas del Protocolo de Minnesota y considera irresponsables las expresiones del representante Jan Jarab, que insinúa posible alteración de los hechos, sin siquiera requerir y tomar conocimiento del informe oficial proveído por el Estado, hecho que junto a otras actuaciones del mismo ya objetadas y observadas a la Oficina del Alto Comisionado llevan al extremo de retirar la confianza al señor Jarab, en cuanto a su predisposición de entablar una comunicación fluida, directa, constructiva y permanente con las autoridades competentes del Estado paraguayo.
7 – El Estado paraguayo renueva su total apego a las normas de protección de los derechos fundamentales y las garantías judiciales, contenidas en la Constitución Nacional, así como a las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Humanitario, y se pone a disposición de todos los órganos de supervisión de tratados para cooperar en torno a este tema.
8 – Finalmente, el Paraguay mantiene su invitación abierta y permanente a los órganos de tratados y relatorías para dar un enfoque integral a la problemática y cooperar con el Estado en ese sentido.
