En una nota presentada a la jueza de ejecución de sentencia, María Teresa Ruiz Díaz, la ministra de la Senabico, solicitó la intervención del Ministerio Público a los efectos de investigar y determinar responsabilidades en la enajenación de los bienes del testaferro del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita.
Rojas emitió dicha solicitud en ocasión de requerir medidas cautelares sobre los bienes que aún se encuentran a nombre de los condenados Leoncio Marecos y su esposa Zulma Ríos de Marecos. La investigación realizada por el entonces fiscal Francisco de Vargas identificó a Leoncio Marecos y su esposa como testaferros del narco, en razón de que no pudieron justificar el origen de USD 15 millones que incrementaron su patrimonio, en cuatro años.
Para precautelar los intereses del Estado paraguayo respecto a los cinco inmuebles de las fincas de Limpio y las fincas de Villa Elisa, y del Chaco, que siguen registrados a nombre de los condenados, la jueza Ruiz Díaz decretó la prohibición de innovar sobre los mismos.
La sentencia dictada el 14 de agosto del 2007, condenó a Leoncio Marecos a 20 años de cárcel por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal, a su esposa Zulma Ríos de Marecos a 10 años de pena privativa de libertad por lavado de dinero y asociación criminal. El Tribunal dispuso además el comiso de 21 propiedades ubicadas en la capital y distintas localidades del país que se encontraban registradas a nombre de los condenados.
El oficio correspondiente se libró el 25 de setiembre del mismo año a la Dirección General de los Registros Públicos. Como el proceso se inició en noviembre del 2004, era de esperarse que dichos inmuebles se encontraran embargados, puesto que este tipo de medidas cautelares se dictan generalmente al inicio del proceso. Ahora que la Procuraduría General de la República inició las gestiones para la inclusión de dichos bienes al patrimonio estatal, se encuentra que solamente están a nombre de los condenados cinco inmuebles de las 21 propiedades comisadas.
Precisamente para aclarar esta situación, la ministra de la Senabico, Teresa Rojas, solicitó la remisión de los antecedentes del caso a la Fiscalía, para la investigación correspondiente e identificación de los responsables de la situación, que podrían responder ante la justicia por lavado de dinero y frustración de la ejecución penal.
