El contralor general, Camilo Benítez, señaló la falta de efectividad de la Fiscalía en lo que concierne a la persecución penal de las causas de supuestos daños patrimoniales contra el Estado y que son revelados por la institución.
Según el funcionario, el promedio de daño patrimonial anual, detectado mediante la fiscalización de la institución, es de unos G. 50.000 millones. Sostuvo que esa cifra aumentó en los últimos 4 años a G. 628.000 millones.
“De las 92 entidades denunciadas, no creo que se llegue a 10 con persecución penal. Hay una enorme falta de efectividad del Ministerio Público en lo que refiere a la Contraloría”, explicó Benítez.
Sin embargo, el titular de la Contraloría General de la República lamentó la inoperancia de la Procuraduría General que se debe a que los fiscales vuelven a verificar el trabajo que ya fue realizado por la Contraloría. Resaltó en la necesidad de modificar el sistema de vigilancia implementado en el país apostando a la tecnología.
