El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Pablo Seitz, expresó que la nueva norma modificada para DDJJ propone consecuencias positivas en materia de las compras públicas, señalando que la ley anterior no era considerada óptima.
La Ley 6919/22, que elimina la obligación a los accionistas y directivos de las proveedoras del Estado a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos, fue promulgada recientemente.
No obstante, los datos patrimoniales de las empresas proveedoras del Estado sí seguirán siendo relevantes para los procesos de contratación y que se trata de información que debe estar presente en los procedimientos. “Vamos a tener mayor facilidad y vamos a aprovechar de mejor manera todas las reformas que estamos haciendo”, aclaró Seitz.
A su vez, sobre la ley anterior (con referencia a la 6355/19) señaló que “estábamos ante una normativa inconstitucional que no ha aportado nada de información útil al sistema de contrataciones públicas, que volvía mucho más burocrático el proceso de contratación, que disminuye la cantidad de oferentes… solamente tenía efectos negativos”, resaltó.
La Ley N° 6919 “Que modifica varios artículos de la Ley N° 5033/2013 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos” y deroga la Ley N° 6355/2019” fue promulgada por el Poder Ejecutivo el pasado 18 de julio.
