La fiscala Karina Liz Caballero confirmó a medios de comunicación que, luego de la imputación a Javier Díaz de Vivar y a sus hermanas Cristina Victoria y María Esther por falsificación de documentos, recibió amenazas, todo en el marco de una disputa de sucesión de acciones de la empresa familiar. Asimismo, la fiscala fue recusada de la causa en tiempo récord.
La denuncia fue radicada en el 2017 por Gustavo Antonio Díaz de Vivar en representación de su madre, María del Pilar de Díaz de Vivar, por presunta falsificación de firmas en actas de la empresa Castilla S.A. con el presunto fin de impedir la venta de acciones.
“Yo asumí recien cuando me asignaron en la unidad que estoy hace seis meses, cuando tomo conocimiento impulso la investigación y se logra realizar la pericia caligráfica que es el elemento de sospecha, que con ella se puede impulsar una investigación oficial; eso es lo que significa básicamente una imputación”. El acta de imputación habla de una prohibición de salir del país para los imputados y que se presenten periódicamente ante el juez.
Para entrar en contexto, la imputación indica que Javier Díaz de Vivar presentó ante el juez, que tramitaba la sucesión de los bienes de su padre, unas acciones de la referida empresa y que correspondían a su madre, solicitando que se imponga una medida de no innovar para evitar la venta de las mismas, pero lo habría hecho arrimando un documento con la firma supuestamente falsificada de Gustavo Díaz de Vivar.
Según explicó la fiscala, la pericia se basó en este documento presentado por Javier, el que dio como resultado “que no le pertenecía al acusante, es decir, el padre fallecido”. En otro momento reveló su sorpresa tras ser recusada en tiempo récord y que “es muy llamativo, ya que el caso estuvo parado por tres años” y que, incluso, la misma no llegó a acceder al texto de recusación, por la rapidez de la movida.
“El 27 presentamos la imputación e, inmediatamente, me recusaron y me bloquearon los accesos en el sistema electrónico, no puedo acceder más a la carpeta, siendo que, luego de 24 horas, recién se notifica. Ahora, las oficinas están cerradas por sospechas de contagios de COVID; por eso, no tuvimos acceso a la notificación”, enfatizó
Seguidamente, ante la consulta si la pericia es confiable, subrayó que “la pericia no puede variar porque es un instrumento científico. También, cada uno puede proponer sus propios peritos y sus puntos de pericia. Pero, para nosotros, el elemento de sospecha es el dictamen de la fiscalía”, refirió.
Caballero dijo que recibió amenazas, pero que prefiere no dar detalles sobre las amenazas y que sí realizará la denuncia por los conductos correspondientes. “Yo soy abogada y me defiendo con la lapicera”, aseveró.
