La fiscal General del Estado Dra. Sandra Quiñónez, a través de una resolución, dispuso la suspensión de actividades en el departamento de Alto Paraná ante el alto riesgo de expansión de la COVID-19, en concordancia con las medidas sanitarias impuestas en la zona y las expedidas por la Corte Suprema de Justcia.
A fin de prever los servicios básicos la resolución también dispone las siguientes excepciones: Fiscalía Adjunta, Unidades Penales Ordinarias de turno, Unidades Especializadas de turno, Unidades de Niñez y Adolescencia de turno, oficinas de denuncias penales, oficinas de asistencia a víctimas y médicos forenses, quienes deberán organizar y mantener una cantidad mínima de funcionarios para prestar los servicios imprescindibles.
También, las oficinas de Administración y de Gestión del Talento Humano deberán mantener la cantidad mínima requerida de funcionarios para proseguir con los trámites administrativos internos esenciales para el correcto funcionamiento de la institución.
En la resolución se encomienda a la Dirección de Gestión del Talento Humano, bajo la orientación técnica del director de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, adoptar las medidas de control y supervisión sanitaria de las personas que pudieran concurrir a las sedes fiscales. Además de exhortar a todos los integrantes del Ministerio Público del departamento del Alto Paraná a cumplir estrictamente las recomendaciones y medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Se insta a aquellos funcionarios que no estén contemplados en las excepciones a permanecer en sus hogares durante el periodo de tiempo de la medida preventiva para limitar o evitar el riesgo de contagio del coronavirus.
Se establece que los integrantes del Ministerio Público deberán comunicar inmediatamente, por teléfono celular o linea baja a la Dirección de Gestión del Talento Humano, sobre la presencia de algún sintoma de la enfermedad, tanto de los funcionarios como de los familiares cercanos.
