El Consejo de Superintendencia, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución Nº 458 de fecha 29 de junio de 2020, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 23, inc. b), de la Ley Nº 609/1995, “Que Organiza la Excelentísima Corte Suprema de Justicia”, que contempla que son deberes y atribuciones del Consejo de Superintendencia “organizar y fiscalizar la Dirección de Auxiliares de la Justicia; la Dirección General de Recursos Humanos; la Dirección Financiera y demás reparticiones del Poder Judicial”.
En primer lugar decidió encomendar al Director de Seguridad y Asuntos Internos Lic. Freide Amarilla la verificación del sistema de seguridad del Poder Judicial de la Capital y de las Circunscripciones Judiciales, a fin de elevar los estándares mínimos de seguridad en todo el país.
Asimismo, dispuso la realización dentro de los próximos 30 días hábiles de exámenes de antecedentes laborales, de desempeño, conductuales, psicológicos, psiquiátricos y toxicológicos de la totalidad de los funcionarios, contratados y del personal tercerizado encargado de la seguridad en todo el país.
Por último, solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos y a la Dirección de Seguridad y Asuntos Internos la realización en todo el país de los exámenes indicados en el artículo anterior.
Esta resolución se enmarca dentro de las pesquisas llevadas adelante para esclarecer el crimen de la Jueza Diana Méreles, asesinada brutalmente, supuestamente, en manos de un guardia de seguridad de apellido Scappini, quien al momento de su detención manifestó que estaba poseído y que escuchaba voces que lo incentivaban cometer este terrible hecho. El hombre, presumiblemente, estuvo bajo efectos de algún estupefaciente.
