La estrategia del gobierno de Lacalle Pou hasta ahora ha dado buenos resultados: los contagios -con 734 casos confirmados y 20 víctimas mortales- pudieron contenerse y los indicadores económicos están sufriendo caídas menos severas en comparación con los países vecinos
Desde el comienzo de la pandemia, Uruguay decidió tomar una postura diferente al resto de los países de América Latina en la lucha contra el coronavirus. El gobierno de Luis Lacalle Pou optó por una estrategia cuidadosa, enfocada en hacer sintonía fina entre salud y economía. Así, evitó la cuarentena obligatoria y apeló a la responsabilidad de la población.
Esta estrategia hasta ahora ha dado buenos resultados: los contagios —con 734 casos confirmados y 20 víctimas mortales— pudieron contenerse y los indicadores económicos están sufriendo caídas menos severas en comparación con los países vecinos.
Los primeros cuatro casos confirmados de coronavirus se conocieron en el país el martes 13 de marzo. El mismo día el gobierno declaró la emergencia sanitaria y anunció las primeras medidas: se suspendieron las clases, los eventos masivos, las actividades no esenciales y se ordenó el cierre de fronteras. A la vez, el Ejecutivo lanzó la “Operación Todos en Casa”, para repatriar a los uruguayos que quedaron varados en el exterior en medio de la pandemia.
Por otro lado, el gobierno evitó dictar una cuarentena obligatoria, tal como venía pidiendo la oposición del izquierdista Frente Amplio. En lugar de esa medida, apeló a la responsabilidad de los ciudadanos, recomendando limitar las salidas a la calle. De esta forma, permitió que la actividad laboral continuara.
“Para nosotros la libertad del individuo es muy importante, el presidente nunca quiso tomar una medida que no tuviera en cuenta ese aspecto fundamental que es nuestra filosofía de vida”, explicó a Infobae la vicepresidenta de Uruguay Beatriz Argimón.
“Nos sentimos muy cómodos con un mensaje que nos comprometía porque sabíamos que la libertad tiene como límite el cuidado del resto de la sociedad”.
“Es fácil decir que no trabajen, pero hay que estar ahí. Estamos tratando de que los motores de la economía anden para que los uruguayos puedan salir adelante”, dijo por su parte Lacalle Pou a principios de mayo.
El país está usando un nuevo enfoque incluso para recaudar los fondos necesarios para la respuesta al brote. Uruguay, un país de tres millones de habitantes, aprovechó su relación con los bancos regionales de desarrollo pidiendo prestados US$1.400 millones en líneas de crédito de bajo costo para financiar las medidas contra el Covid-19 sin depender de los volátiles mercados de bonos, como lo hacen sus pares regionales.
Paralelamente, el gobierno creó un “Fondo Coronavirus” para el que ministros y legisladores y otros funcionarios públicos rabajaran un 20 % su salario para hacer frente a la enfermedad de la COVID-19. La medida, aprobada con la votación unánime de la Cámara de Diputados, recaudó hasta ahora 12 millones de dólares.
Al mismo tiempo se desató la solidaridad de los privados: el agro donó 100 millones de dólares, las marcas de comida alimentos para canastas, distribuidas gracias a miles de voluntarios.
El gobierno planea gastar USD 400 millones y canalizar más de USD 2.600 millones en préstamos a empresas para mitigar las consecuencias para la sociedad de la pandemia. Lacalle Pou, quien comenzó su mandato de cinco años el 1 de marzo, está lidiando con la mayor desaceleración de su país desde que una crisis financiera regional provocó que la economía se desplomara en 2002. El Ejecutivo heredó además un alto déficit fiscal y altos niveles de gasto público.
