Ayer inició la primera fase de lo que el gobierno dio en llamar “cuarentena inteligente” con el retorno a sus puestos de trabajo de personas de diferentes sectores, que de manera bastante disciplinada y cumpliendo con las medidas restrictivas, se acercaron temprano a las paradas de colectivos, pero allí se encontraron con la dura realidad de que el distanciamiento era imposible de respetar debido a la gran aglomeración de gente y la clara carencia de unidades de transporte.
Autoridades del Viceministerio del Transporte habían prometido la semana pasada que en esta primera fase de la cuarentena inteligente, se podría a funcionar el 55% de las unidades de transporte, pero esto no fue respetado por los empresarios de transporte, que sacaron lo mínimo a las calles, perjudicando grandemente a la ciudadanía, no solo porque se le limita la posibilidad de llegar a sus puestos de trabajo sino porque la aglomeración en las paradas de colectivo hacen peligrosa la expansión del coronavirus.
Los empresarios del transporte, aglomerados en Cetrapam, históricamente han pateado en contra de los intereses de la ciudadanía, con sus unidades viejas, el mal servicio que prestan, la suba del precio del pasaje y las reguladas como forma de chantaje cuando no consiguen lo que quieren. El argumento que utilizan siempre es que es un trabajo sacrificado, en el que no ganan casi nada, algo que categóricamente ridiculizó hace poco el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien dijo que “no conozco ningún transportista pobre”.
Ahora, como si ya no se tuviera suficiente que soportar con las restricciones y la falta de actividad económica, todo tendiente a evitar la propagación del virus, al pésimo servicio que reciben los pasajeros se suma el grave riesgo que corren de contagiarse, porque los transportistas consiguen algo que se intentó evitar durante casi dos meses, la aglomeración de personas. Estos empresarios debieran ser imputados por hacer que los ciudadanos violen las medidas de aislamiento impuestas por Salud Pública.
